Editorial

Seguridad jurídica para el urbanismo y el territorio

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El decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado ayer por el Govern suspende  la aplicación de algunos artículos de leyes aprobadas en la anterior legislatura -Turística, del Suelo y Agraria- y al mismo tiempo invalida una parte de la Norma Territorial Transitoria de Menorca. Los partidos que apoyan al Govern del Pacte expresan su satisfacción con esta medida porque -afirman- se evitará la ejecución de «proyectos de gran impacto, que ponían en peligro el equilibrio territorial de Menorca».

Desde la oposición, el Partido Popular advierte que este decreto propicia un «limbo jurídico» al no haber sido derogada la Norma Territorial Transitoria, a pesar del compromiso contraído por el tripartito gobierno del Consell para los primeros cien días de mandato.

Las administraciones deben garantizar la seguridad jurídica para evitar la arbitrariedad y la subjetividad. Todos los ciudadanos precisan conocer cuáles deben ser las reglas y normas a aplicar. Es fundamental para la actividad económica. Pero, una vez más, nos hallamos ante decisiones políticas que complican la interpretación del entramado de leyes y planes que rigen el urbanismo y el territorio.