El fiscal acusa a la trama de Citur de amañar 29 contratos valorados en 522.000 euros

Horrach asegura que la «finalidad única» fue la de enriquecer a terceros a costa de las arcas municipales

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Cinco años y medio después. Imagen del fiscal Anticorrupcion, en el centro, entrando en las dependencias de Citur, cuando estall

Cinco años y medio después. Imagen del fiscal Anticorrupcion, en el centro, entrando en las dependencias de Citur, cuando estalló la operación Xoriguer a finales de marzo de 2011, cuando se registró el Ayuntamiento y se detuvo al exalcalde

29-03-2011

El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach en su escrito de acusación acusa a los imputados del caso Citur de amañar hasta 29 contratos del Ayuntamiento de Ciutadella por un importe de 522.000 euros.

Se trata de adjudicaciones realizadas por el ente turístico de Ciutadella entre los años 2005 y 2008, bajo el gobierno del entonces alcalde del PP, Llorenç Brondo.

Horrach pide 139 años de prisión para los 13 imputados en la causa, entre cargos públicos, empresarios, funcionarios y asesores municipales, además de solicitar el reingreso del dinero supuestamente defraudado. Solicita una pena de hasta 15 años de cárcel para el exalcalde y otros tantos para el concejal de Turismo, Gabriel Cardona y el de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas, y que indemnicen al Ayuntamiento con 98.000 euros los dos primeros y con 70.000 euros el tercero.

Además pide nueve años de prisión para la exteniente de alcalde, Antònia Salord y la concejal de Hacienda, Antònia Gener, y el pago de 27.800 euros cada una para indemnizar al Consistorio.

Los principales beneficiarios de estos contratos fueron por un lado la empresa SAB, cuyo propietario era Javier Liy Lozano, que además ostentaba la gerencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella. Y por el otro el empresario local Manel Mercadal, administrador de las empresas Neo Menorca, Serprosport y Menorca Assistència. El fiscal solicita penas de 9 y 6 años de prisión respectivamente. En el caso de la empresa SAB fue beneficiaria, directamente o indirectamente, con 21 contratos, valorados en 383.400 euros. Por su parte las empresas de Manel Mercadal fueron agraciadas con 8 contratos presuntamente irregulares, por un importe de unos 136.600 euros.

El importe de los contratos oscilaban entre 3.500 y 48.000 euros. Principalmente eran redacciones de proyectos ejecutivos para hacer mejoras en las urbanizaciones, productos y estudios de promoción y gestión turística, la organización de eventos o la contratación de la gerencia de Plan de Dinamización.

Horrach detalla numerosas irregularidades, que supusieron una «vulneración reiterada y flagrante» de las exigencias legales. Afirma que los contratos eran pactados verbalmente con los empresarios citados, y posteriormente se ideaban «diversas fórmulas» para sortear la legalidad y «amañar los procedimientos administrativos de contratación». Contratos fraccionados, convocados sin publicidad y concurrencia, y a posteriori simulando que ha seguido el procedimiento legal, con la presentación «ficticia» de otros dos presupuestos, en muchos casos de empresas de los propios imputados.

Y suma y sigue. Manipulación de los expedientes o el borrado informático de las fechas en los decretos de adjudicación, para que no quedara evidencia de que se habían facturado incluso antes de su adjudicación formal; pagos elevados de honorarios a un ingeniero de SAB para sufragar proyectos ejecutivos, en algunos casos un 900 por ciento superior a lo recomendado por el Colegio Oficial de Ingenieros; servicios facturados dos veces; pagos por servicios y estudios no realizados o innecesarios, o bien con precios muy superiores a los de mercado.

Para Horrach son prácticas impulsadas por el exalcalde y sus cuatro exconcejales para «soslayar conscientemente y deliberadamente» la legalidad y «dotar de opacidad dicho proceder». Se trata de «decisiones arbitrarias, adoptadas mediante el ejercicio abusivo de poder» y apunta que «cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad, al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública».

Para llevar a cabo todas estas operaciones «se valieron» de cinco funcionarios y asesores municipales, entre ellos dos secretarios y el asesor jurídico del Ayuntamiento, que «omitieron deliberada y conscientemente el ejercicio de las funciones asignadas para velar y garantizar el cumplimiento de la legalidad».

En total, a los acusados el fiscal Anticorrupción les imputa hasta seis delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental y falsedad documental cometida por funcionarios público.


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Dani
Hace 9 meses

FORA CORRUPCIÓ I CORRUPTES DE TOTES SES INSTITUCIONS!!!

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Eugenio
Hace 9 meses

Pepitogrillo: deberías ceñirte a la realidad, yo no te he gritado. En cuanto a la infanta, mejor mídelo tú que, por incluirlo en tu opinión, estarás más informado. Deberías comprender, como hice yo, que carece de sentido contradecir puntos de vista que, en principio, parecen razonables.

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cati
Hace 9 meses

Avui en dia la corrupció és un dels grans problemes per als ciutadans i així es reflecteix en totes les enquestes d'opinió, posa els pèls de punta pensar en tots els doblers que podien haver estat per la sanitat, l'educació, ajudar a la gent amb prestacions socials i tantes coses més que ens han robat, ara tots valorem molt als qui tenen el coratge de denunciar casos com a aquest.

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Javier
Hace 9 meses

Lo de la Infanta no veo que nadie te lo discuta pepito, en lo demás te han dado muy buenos argumentos a los que sólo añadiré la alarma social y el perjuicio a toda la sociedad y a todos los contribuyentes que nos ocasiona la corrupción, por eso es tan importante tener el valor de denunciar todos los casos y acabar con tanta corruptela de una vez y más cuando la corrupción es sistemática y/o está organizada en forma de tramas. Todo mi apoyo para quién denunció este caso y a quienes denuncian cualquier caso de corrupción, muchas veces teniendo que afrontar encima las iras y represalias de algunos de los involucrados en las tramas que se desmontan.

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Lluis
Hace 9 meses

Totalment d'acord amb el comentari d'Eugenio, el de pepito grillo no té cap ni peus perquè és normal que s'imposin penes majors per malversar o defraudar 522.000 euros que 53.000 ja que 522.000 són 10 vegades més diners que 53.000, és normal que les penes sol·licitades per cada implicat siguin diferents segons el grau de participació i nombre de delictes que s'imputin a cadascun, a més compara la pena imposada pel jutge en el cas de la senyora de Maó amb la petició de pena del fiscal en el cas CITUR quan hauria de comparar amb la petició del fiscal en el cas de la senyora de Maó, en el cas de la senyora de Maó es tracta d'un únic delicte i en el cas CITUR s'imputen molts, ni té en compte la reiteració, ni que actuessin concertats en una trama, ni que es prevalguessin del seu càrrec… ni altres possibles circumstàncies agreujants. En l'única cosa que sí encerta pepito és que el comentari de Jaime reproduint informacions de l'edició impresa del Menorca és rigorós i està ben explicat.

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pepitogrillo
Hace 9 meses

Eugenio, no me grites q no te veo y lo de la infanta como se mide????

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Libero
Hace 9 meses

Esencia de PP, y nadie devuelve un duro...

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Eugenio
Hace 9 meses

Pepito Grillo: A los principales imputados les piden 15 años por continuidad en tres delitos: 8 por prevaricación, 4 por fraude a la administración y 3 por infidelidad en la custodia de documentos. Así, en primer lugar, el número de delitos es mayor que el de la condena que, capciosamente, traes a colación. Tampoco es de recibo repartir el montante total entre el número de imputados, porque el perjuicio no se mide por el número de cacos necesarios para producirlo, sino por el perjuicio mismo, en este caso cifrado en más de 500.000 €.Y para terminar, lo más importante, tu ejemplo al enriquecimiento ilícito no suma la traición al cargo público y al pueblo Ciutadella. En resumen: mayor número de delitos, continuidad en los mismos, mayor perjuicio económico y mayor inmoralidad explican claramente la petición de mayor pena. Entenderlo, si no se es como el sordo que no quiere oír, no es nada difícil.

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Francesc
Hace 9 meses

21 Triays hi haurien d'haver Dalt la Sala. Gracies Joan, que si no fos per tu aquesta genteta encara comandaria i ens seguirian buidant lo poc que tenim

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Xec
Hace 9 meses

Ciutadella era una ciutat rica i aquesta colla ens van arruinar, felicitacions a qui ho va denunciar i els culpables que ho paguin.

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