La asociación de empresarios VITURME pide mayor agilidad administrativa

La burocracia retrasa la salida al alquiler de chalés turísticos

El proceso para que los propietarios de viviendas se adapten a la ley es lento y costoso. El trámite para una autorización previa puede tardar más de un año

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Alojamiento. La ley de 2005 regula la actividad económica de las estancias turísticas en viviendas

06-11-2015

F. Saborit    Maó
Si el propietario de una vivienda vacacional en una zona turística de Menorca quisiera ponerla en alquiler el próximo verano, a seis meses vista, es muy probable que no llegara a tiempo, porque el proceso es "lento y costoso", tal y como admitió ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas de Menorca (VITURME), Ginés Noguera, quien no obstante recalcó que "nosotros somos los primeros interesados en que se cumpla la normativa".

Representantes de la asociación se reunieron el pasado diciembre con el conseller de Turismo, Lázaro Criado, para reclamar más celeridad en la tramitación administrativa de las solicitudes de autorización de apertura de viviendas turísticas vacacionales.

En la actualidad, según las quejas recogidas entre propietarios y pequeñas empresas vinculadas a este subsector de alojamiento, la burocracia entorpece la legalización de los chalés que optan a la comercialización turística, ya que algunas solicitudes de autorización previa esperan una respuesta de la Administración desde hace año y medio. Un retraso confirmado por VITURME, cuyo presidente matizó ayer las críticas al Consell porque, según declaró, "a veces para un propietario su vivienda está perfecta pero para la Administración no, nadie está completamente satisfecho".

Lo cierto es que para adaptarse a la Ley balear de Comercialización de Estancias Turísticas en Viviendas, de marzo de 2005, y al Decreto que la desarrolla, los dueños de este tipo de viviendas necesitan una serie de documentación, fotos y planos visados, por ingenieros y arquitectos, que puede suponer un gasto de entre 1.000 y 2.500 euros. "Con el decreto de 1998 muchos propietarios se asustaban ante tantos trámites, y con el actual también hay muchos que se desaniman y desisten", aseguró María García, secretaria de VITURME. La asociación intenta que los propietarios tengan más confianza y pidan las autorizaciones correspondientes, para evitar que dicha oferta salga igualmente al mercado del alquiler turístico de forma ilegal. Pese al aumento de las inspecciones y las fuertes sanciones, Ginés Noguera afirmó que la oferta ilegal "ha existido desde hace tiempo, y en la actualidad muchos propietarios se verán en parte obligados a ella para no perder la propiedad, porque quien ha realizado una inversión, no sólo en chalés aislados sino también en adosados, que no entran en la ley, no quiere tener la vivienda cerrada sino extraerle un rendimiento". Una práctica de alquiler fuera de la ley que puede aumentar ante las previsiones de una temporada difícil y más propietarios de viviendas espoleados por la crisis.

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