El Consell de govern deberá resolver el caso del funcionario del Ayuntamiento de Maó

Interior o Presidencia tramitará el expediente del interventor

El director general de Función Pública, Bernat Ramis, asegura que la tramitación desde la Conselleria competente en la materia se prolongará durante 15 días

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Pleno. El equipo de gobierno de Maó aprobó en solitario el cese del interventor municipal

06-11-2015

Toni Seguí    Maó
La Dirección General de Función Pública del Govern balear está analizando si compete a la Conselleria de Interior o a la de Presidencia la tramitación del expediente disciplinario que el Ayuntamiento de Maó ha abierto contra el interventor interino de la Corporación  Manuel Velarte, según ha informado el director general de Función Pública, Bernat Ramis. Sea cual sea la conselleria competente, se tardará un plazo de 15 días para remitir el expediente al Consell de Govern, en el caso de que la propuesta final sea de separación del servicio de Velarte

El director general de Función Pública, Bernat Ramis aseguró ayer que el Govern balear todavía no había recibido el certificado del pleno en el que el Ayuntamiento de Maó aprobó el pasado lunes el cese del interventor municipal, un documento necesario para la tramitación del expediente, ya sea por parte de Interior o de Presidencia, y el análisis de las alegaciones presentadas por la parte interesada.
El pleno de Maó aprobó, con los votos en solitario del equipo de gobierno PSOE, PSM-Els Verds y EM-EU, el cese del interventor interino de la Corporación, Manuel Velarte, mientras que los ocho ediles del PP abandonaron sus puestos durante la votación y el concejal de Ciudadanos, Carlos Salgado, se abstuvo. El equipo de gobierno fundamentó la apertura del expediente disciplinario por la actuación del interventor en la elaboración de un informe para la subida del 17 por ciento de la tarifa del agua potable, la no elaboración de informe para la prórroga del servicio de socorrismo en las playas, la no fiscalización de las nóminas de personal municipal y la negativa a informar varios expedientes de la inspección fiscal. El PP acusó al equipo de gobierno de vulnerar varios derechos constitucionales, entre otros, el de acceso a la información por parte de la oposición. Ciudadanos alegó poco tiempo para estudiar el caso y aseguró que el cese se trataba de una medida drástica para un funcionario que desde 2002 no había tenido ninguna nota defavorable.

Por su parte, Manuel Velarte ha denunciado presiones y persecución laboral. Además, opina que el origen de su cese arranca con el informe desfavorable a la subida de las tarifas del agua y asegura que se han manipulado los hechos para completar el expediente.

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