Barceló se entrevistó ayer con los comités de empresa de Kraft Foods

El Govern prevé reunirse con la dirección europea de Kraft a finales de este mes

CCOO dice que el cierre de El Caserío supondría un impacto equivalente al 8 por ciento del PIB y emplaza a la multinacional a buscar comprador para que la producción se quede en la Isla

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El Caserío. Su cierre afectará al tejido económico de Menorca

06-11-2015

Marga Vives    Palma
El Govern balear solicitará a la dirección de Kraft Foods en Europa una reunión para finales de mes, con el objeto de trasladarle el impacto económico que tendrá para Menorca el cierre previsto de El Caserío.

Paralelamente los representantes de los trabajadores de la factoría se entrevistarán con el comité de empresa de Kraft a nivel europeo, dentro de la campaña emprendida por los dirigentes sindicales para tratar de impedir el traslado de la marca fuera de la Isla. "No aceptaremos el cierre; si Kraft quiere, tendrá que buscar las condiciones para que otros puedan seguir produciendo 'El Caserío' en Maó", señaló ayer la secretaria general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Cecilia Sanz, al término del encuentro que se celebró en la Conselleria de Trabajo y Formación del Govern, y al que también asistió la consellera insular de Economía, Antònia Allès.

Sanz advirtió de que no negociarán "ningún expediente que suponga el cierre de la planta". En este sentido el frente común integrado por el Govern, el Consell, el comité de empresa de El Caserío y CCOO solicitará al Ministerio de Trabajo que no autorice ningún expediente de regulación de empleo (ERE) a Kraft. Todos ellos coinciden en asegurar que no existe ninguna justificación económica para el traslado de la factoría y apelan a la responsabilidad social asumida por la multinacional al comprar "El Caserío".

Documento
En la campaña de entrevistas que ahora se inicia los responsables sindicales esgrimirán un documento "en el que se identifica con claridad lo que significa el cierre de esta fábrica". "La cuestión es que no quepa duda de que no aceptamos esta decisión", añadió Cecilia Sanz, quien subrayó que el impacto económico alcanzaría el 8 por ciento del PIB de la Isla.

El Consell de Menorca maneja la cifra de los 12 millones de euros como la cantidad que dejaría de facturarse con el desmantelamiento de la producción local. Ayer Antònia Allès consideró que es preciso trasladar esta fotografía a la multinacional; "somos conscientes de que quizás desconocen el impacto de esta determinación", puntualizó.

Por su parte la consellera de Trabajo y Formación, Joana Barceló, aseguró que es "muy importante explicar a Kraft que no estamos de acuerdo con su decisión, ni desde las instituciones ni desde el colectivo de trabajadores". "Defendemos que la marca se quede aquí", añadió.

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