Aumentan las peticiones de carencias, dación y ampliación de los plazos de amortización en los bancos

La moratoria de las hipotecas no tiene aún efectos prácticos en las familias

Las entidades financieras deben decidir si suscriben las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para aliviar la carga de los préstamos a deudores afectados por la crisis económica

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Agunos clientes no hallan en sus sucursales respuestas prácticas

06-11-2015

F. Saborit     Maó
La moratoria en el pago de los préstamos hipotecarios, contemplada en el Real Decreto 1975/2008 de medidas urgentes en materia económica aprobado por el Gobierno, entró en vigor el pasado día 2 pero su aplicación aún no ha tenido efectos prácticos en las familias, ya que los solicitantes se encuentran con el desconocimiento o la indefinición de la estrategia a seguir por parte de sus sucursales bancarias. Según la Asociación de Usuarios de Bancos y Seguros, ADICAE, la medida urgente, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 2 de diciembre de 2008, es insuficiente, ya que sólo beneficiará a los prestatarios de cantidades hasta los 170.000 euros, una cantidad que no se corresponde con el importe medio de las hipotecas concedidas en los últimos años, debido al incremento que experimentó el precio de la vivienda en España y que, en el caso de Balears, situó las Islas entre una de las comunidades más caras, por detrás sólo de las grandes capitales.

Por otro lado, ADICAE reivindica que se amplíe el colectivo al que va dirigido el apoyo financiero público, ya que la asfixia económica por el pago de la hipoteca puede producirse no sólo por hallarse en desempleo, sino también, entre otros casos, por situaciones de sobrendeudamiento o por rupturas familiares.

Sin respuesta
Los primeros solicitantes de la  moratoria de préstamos hipotecarios en Menorca se han encontrado sin una solución clara por parte de sus bancos. "No te dicen ni sí ni no, y te sientes impotente, porque parece que vas a pedir limosna", afirmaba ayer una de las afectadas por las últimas subidas de los intereses, que han supuesto un encarecimiento de 200 euros en su hipoteca y que ha visto empeorar su situación al quedarse en paro. "El problema es que para acceder a la medida no puedes retrasarte en las cuotas, y yo en diciembre ya no pude pagar y sigo sin una respuesta, ¿cómo puede ser que un director de banco no sepa nada?", se lamentaba esta clienta de la Caixa en Ciutadella. Como ella, otros ciudadanos acuden a sus entidades en busca de fórmulas para afrontar el pago de sus viviendas. Una de las más habituales es la de incrementar los periodos de carencia, "más efectiva incluso que alargar el plazo de amortización, ya que sólo se pagan los intereses, es más sencillo y realmente alivia la carga financiera de las familias hasta que mejore su situación", explica Sebastià Huguet, director del área de negocio de La Caixa en Menorca. Otras opciones son las escrituras de dación, que supone la entrega de la vivienda al banco con el derecho del prestatario a recuperarla en un plazo determinado de tiempo. "De momento hemos practicado pocos embargos y espero que siga así", señala Huguet, "pero sí ha aumentado la demanda de soluciones por parte de los clientes".

En el mismo sentido se manifiesta Mateu Mir, director de zona de la Banca March en Menorca. "No tenemos un número significativo de embargos, pero veremos este año, lo que sí hay son peticiones de ampliación del plazo de la hipoteca", afirma Mir, quien considera que en Menorca "la gente es conservadora, no pide por encima de sus posibilidades, y nuestra entidad también ha sido prudente en la concesión de créditos".

Los responsables de la Caixa y Banca March coinciden en señalar que el importe máximo de 170.000 euros para poder acceder a la moratoria de las hipotecas será un primer obstáculo. La cantidad media concedida, con una financiación del 80 por ciento, superaba en los últimos años los 200.000 euros, afirma Sebastià Huguet, ya que estaba calculada en base al precio de la vivienda. "Era una cifra prácticamente imposible con los precios de los últimos dos años", señala Mir, quien cree que la medida gubernamental es "complicada, hay que reunir muchos requisitos" y recuerda a los usuarios que éstos "siempre pueden llegar a acuerdos particulares con sus entidades".

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