El Parlament rechaza pedir al presidente que presente una cuestión de confianza

El PP sugiere medidas anticrisis y Antich dice que las estudiará

Moragues advierte a los populares de que el Ejecutivo está "satisfecho por ahora" con los frutos de la relación con el Gobierno de Rodríguez Zapatero

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Moragues. El conseller de Presidencia, durante su intervención en el pleno

06-11-2015

Marga Vives    Palma
La presidenta del Grupo Popular, Rosa Estaràs, propuso ayer al presidente del Govern, Francesc Antich, nuevas medidas para combatir la crisis económica y frenar el cierre de empresas que, según aseguró, "denota la falta de confianza" del sector.
 
Estaràs presentó sus propuestas en el transcurso de una pregunta de control al Ejecutivo, en la que emplazó a Antich a "superar la fase de ataque permanente al PP" y actuar contra la situación económica adversa.

Las medidas sugeridas por el PP consisten en subvenciones a las cotizaciones a la Seguridad Social para la contratación de parados, un plan ISBA para triplicar los avales a las empresas, un plan de financiación de las Administraciones Públicas para que paguen las deudas pendientes en el plazo de tres meses y la creación de un fondo ICO autonómico. Además Rosa Estaràs reclamó al presidente un plan de austeridad del Govern, porque "con nueve o diez consellerias le bastan para dirigirlo".

Antich se comprometió a estudiar las propuestas y subrayó que su gobierno trabaja con los agentes sociales y las entidades financieras para llevar adelante las medidas "anticrisis" que ya se han impulsado desde el Govern hasta la fecha y que, entre otras cosas, han supuesto la puesta en circulación de créditos por valor de 46 millones para las empresas. Además precisó que el Govern ya ha abonado en torno al 80 por ciento de las facturas pendientes.

La crisis económica planeó de nuevo sobre la sesión plenaria. El diputado del PP Joan Flaquer presentó una interpelación para conocer el alcance de las relaciones entre los gobiernos central y autonómico y su efecto en términos de inversión en Balears. El conseller de Presidencia, Albert Moragues, se mostró "satisfecho hasta ahora" y puntualizó que "no sólo no se ha retrocedido en ningún aspecto sino que en algunos incluso se ha avanzado sustancialmente".

Moragues destacó que en los dos últimos ejercicios se ha registrado el aumento más elevado de la inversión estatal en las Islas a través de los Presupuestos Generales, y recordó que el Estatut d'Autonomia prevé destinar a Balears 2.800 millones en siete años.

El conseller afirmó que "no es hora de hacer balances sino de concluir los procesos de negociación" abiertos con Madrid, entre ellos el de la financiación autonómica, y recalcó que es "la primera vez que un Gobierno de España reconoce explícitamente que la nuestra es la comunidad peor financiada".

Cuestión de confianza
El Parlament rechazó ayer con los votos de los partidos del Pacte de Progrés la iniciativa del PP para instar al presidente del Govern a someterse a una cuestión de confianza. El PP sostiene que los ciudadanos "no deben fiarse" de un gobierno que cuenta con el voto de un imputado por corrupción, en referencia a Bartomeu Vicens, expulsado de UM. El Grupo Socialista afirma que la líder de la oposición, Rosa Estaràs, no cuenta con apoyos internos para presentar una moción de censura.

El convenio, próximamente
El conseller de Presidencia afirmó en el Parlament que en los próximos días se firmará la encimienda de gestión con el Consell de Menorca para ejecutar las inversiones previstas en el convenio de carreteras.

Sobre este asunto se pronunció la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, quien aseguró que "no existe problema alguno" y que, tras resolverse los trámites administrativos, los acuerdos con cada Consell se aprobarán "en próximos consejos de ministros".

Álvarez hizo esta precisión en respuesta a una pregunta del senador por Balears Pere Sampol, quien criticó el retraso en la ejecución de los convenios de carreteras, que se firmaron en 2007. Sampol también criticó la "racanería" del Gobierno central para desplegar la inversión en la comunidad y advirtió que las instituciones y los ciudadanos de Balears "están hartos".

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