La Audiencia Provincial apoya por mayoría las convocatorias del 18 de febrero y el 26 de junio

El partido judicial de Maó no se pronuncia sobre la huelga

Los jueces aprobaron por unanimidad las peticiones para mejorar el sistema judicial, pero aguardan el desenlace de la negociación para votar sobre el paro

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Juzgados. Imagen de la ceremonia de apertura del año judicial, en los juzgados de Maó

06-11-2015

F.S./Europa press     Maó/Palma
El partido judicial de Maó -integrado por cuatro jueces-, asumió ayer por unanimidad la tabla de reivindicaciones para mejorar el sistema judicial, pero no se pronunció sobre la posibilidad de secundar una posible huelga, a partir del 26 de junio, ni sobre la protesta prevista para el 18 de febrero. El magistrado Bartomeu Mesquida declaró ayer que no se trató la convocatoria de huelga porque se espera el resultado de la mesa de negociación. "Si no existieran posturas unificadas celebraríamos otra junta para decidir si se lleva a cabo o no la huelga", señaló.

Mesquida añadió que el partido judicial tampoco planteó la cuestión de la protesta en otros tribunales superiores para el próximo mes. Sobre la huelga que se podría iniciar en junio, el juez de Maó manifestó que "quedan meses por delante y hay que templar los ánimos, no buscar el conflicto".

Documento
La tabla de reivindicaciones, acordada por las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura, también fue aprobada por unanimidad en la Junta de Jueces de la Audiencia Provincial de Palma. Además, por una mayoría de los magistrados, en concreto 13 de los 20 que integran la Junta, se acordó apoyar la convocatoria de huelga a partir del 26 de junio, en caso de que para esa fecha no se vean satisfechas sus peticiones.

Asimismo, la Junta de Jueces de la Audiencia Provincial aprobó por unanimidad convocar una protesta el 18 de febrero en Palma, para expresar su malestar por las deficiencias del sistema judicial.

Los partidos judiciales de todas las Islas se reunieron ayer para tomar una postura en el conflicto que enfrenta a los jueces y al Ministerio. En Mallorca, los partidos de Manacor y de Inca también asumieron por unanimidad el documento de reivindicaciones, sin descartar unirse a la jornada de protesta del próximo mes, en función de cómo evolucionen las negociaciones. En Eivissa se aprobó celebrar la jornada de paro del 18 de febrero.

Palma
El partido judicial de Palma aprobó por mayoría (de los cerca de 60 jueces que la componen hubo cuatro  abstenciones) respaldar las reivindicaciones del texto, de modo que  en consonancia con el documento se llevará a cabo el 18 de febrero una concentración de diez minutos, a partir de las 12.00 horas, en la  sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

También se celebrará una jornada de puertas abiertas, una rueda de  prensa y la aportación de información a los ciudadanos sobre las reivindicaciones, que se concretarían en una huelga a partir del 26 de junio si la disposición del Ministerio de Justicia "no es la adecuada". Así lo expuso ayer el juez decano electo del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, quien aseveró que las peticiones de los magistrados son "del todo justas e insoslayables". Martínez Espinosa también anunció que el 18 de febrero se celebrará una nueva junta para informar del transcurso de las  negociaciones.

Tabla de reivindicaciones
Entre las reivindicaciones contempladas destacan la exigencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que establezca la carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada  órgano judicial. En la tabla de reivindicaciones también se encuentra una efectiva adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo real de los órganos judiciales; un incremento, en un plazo máximo de cinco años, de la inversión en la Administración de Justicia, de acuerdo con la media europea, pasando del 1 por ciento actual al 3,5 por ciento; la asignación eficiente de cuantos recursos personales, materiales y técnicos sean precisos, y la definitiva instauración y dotación de la oficina judicial con fecha límite de 1 de enero de 2010, entre otras medidas. Por ahora el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ya ha anunciado que las peticiones económicas de los jueces son inasumibles.

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