Alquiler turístico y revolución digital

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La revolución digital ha traído nuevos retos al sector turístico. Ha permitido la creación de plataformas de intermediación como Airbnb, Homeway, Booking que potencian nuevos negocios en el sector turístico facilitando la intermediación entre particulares y potenciando la economía colaborativa. Estos cambios de modelo productivo han generado también temor en una parte de los negocios tradicionales hoteleros y ha enfrentado a la Comisión Europea y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) con las legislaciones turísticas de las comunidades autónomas españolas. La Ley General Turística de las Islas Baleares considera como actividad clandestina e ilegal la comercialización de estancias turísticas en viviendas particulares plurifamiliares y establece una regulación muy estricta sobre los chalets y viviendas aisladas.

Se persigue con multas muy elevadas a la oferta ilegal por medios como aplicaciones informáticas, inspecciones y actuaciones de comunidades de vecinos y ayuntamientos. Los argumentos son que no se pueden mezclar turistas con residentes, que hay peligro de convivencia pública, que es una competencia desleal y que no hay pisos para los que vienen a trabajar o a establecerse como residentes en las Islas. El resultado de esta prohibición es que hay ya miles de viviendas en el mercado ilegal del alquiler y en la economía sumergida. La demanda de este tipo de estancia es tan elevada en temporada alta, especialmente en Eivissa, que muchos ciudadanos están dispuestos a irse de sus casas en los meses de verano para completar sus ingresos de trabajo con esos ingresos extraordinarios que les complementan los ingresos normalmente insuficientes de la temporada turística.

En Catalunya se ha optado por regular los alquileres en viviendas particulares pero con unas condiciones tan estrictas que las hacen prácticamente ilegalizables. Además se ha propuesto por el Ayuntamiento de Barcelona imponer un precio máximo a los alquileres. En la comunidad autónoma canaria el decreto 113/2015 de viviendas vacacionales impone unas condiciones tan estrictas que son verdaderas barreras a la entrada de nuevos negocios alojativos en el sector turístico.

La Comisión Europea y la CNMC consideran que las plataformas digitales no constituyen una amenaza para el sector hotelero y sin embargo ofrecen nuevas posibilidades de negocio que ayudan al crecimiento económico y abogan por una mayor liberalización del sector turístico, estableciendo umbrales de ingresos aplicables a propietarios de numerosas viviendas, a partir de los cuales la actividad pueda considerarse empresarial y por lo tanto sujeta a las obligaciones de las empresas de alojamiento. Para el pequeño propietario, la CNMC está a favor de impulsar la economía colaborativa y los nuevos negocios y considera que la legislación de las comunidades autónomas apoyadas por los lobbies hoteleros dificulta estas nuevas posibilidades y son restricciones innecesarias que impiden la generación de ingresos extras a los particulares. La consideran una legislación obsoleta ante ante la dinámica de los nuevos modelos de negocio y el avance tecnológico.

Por lo tanto proponen que el alquiler vacacional debe regularse pero no prohibirse. Que la normativa no debe ser la de la empresa turística ya que impediría la entrada, y que el temor de los hoteleros es injustificado porque es una demanda diferente y por lo tanto los requisitos también lo deben ser. Aconsejan que se modernice la regulación eliminando las moratorias, suprimiendo los requisitos de estancia mínima o máxima y las limitaciones al tipo de vivienda. Bastaría con un seguro de responsabilidad civil, la cédula de habitabilidad y las hojas de reclamaciones e inscribirse en el Consell sin que este pueda poner trabas a su tramitación. Deben cumplir sus obligaciones fiscales y que todos los pagos a las plataformas intermediarias se hagan obligatoriamente por banco para evitar la economía sumergida y por lo tanto lograr que todos estos negocios paguen impuestos evitando la competencia desleal.

¿Es posible y justo ilegalizar el mercado del alquiler? ¿Saben las autoridades las consecuencias del control de alquileres? ¿Es negativo mezclar turistas con residentes, la mayoría ciudadanos de la Unión Europea? ¿Qué medidas se pueden tomar para que haya alquileres todo el año o en temporada para los que vienen a trabajar de fuera? En el próximo artículo trataremos estos temas.

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bep
Hace más de 2 año

Aquí sempre anem a la cua, europeus per segons que. Falta voluntat política per ajudar al més defavorits i sobre presió dels poderosos per ofegar-los. Quin problema hi ha per llegislar el que els altres ja tenen? resposta: VOLUNTAT POLÍTICA

Valoración:menosmas
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