Una madre con dos hijas irá a la cárcel por no pagar una multa de 1.440 euros

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UNA JOVEN CON UN BEBÉ IRÁ A PRISIÓN POR NO PAGAR UNA MULTA A TIEMPO

Sara González, hablando con los periodistas

07-01-2015 | Juan Carlos C/EFE

Una valenciana de 29 años con dos hijas, una de ellas de dos meses, ingresará en prisión por no pagar a tiempo una indemnización de 1.440 euros por la que se le conmutó una condena por adquirir y revender teléfonos móviles con la documentación que halló en una cartera en la calle en 2009.

Según ha manifestado a los medios de comunicación Sara González, esta «injusticia» se debe a «un error» del letrado que la asistió en el caso, dado que, según ha asegurado, pagó «todo lo que él dijo y cuando dijo, pero fue fuera de plazo».

El actual letrado de la joven, Juan Gargallo, ha explicado que en 2009 la chica se encontró una cartera debajo de un coche en un centro comercial y que, movida por el «ansia por comer» generada por la «anorexia nerviosa purgativa con bulimia» que sufría, «utilizó el DNI hallado para adquirir teléfonos móviles y revenderlos».

En septiembre de 2012, el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia la condenó, en una sentencia de conformidad, por los delitos continuado de falsedad en documento mercantil y estafa.

Por el primero de los delitos, el juez le impuso una condena de un año y nueve meses de prisión -no entró en prisión al ser una pena inferior a dos años y no contar la procesada con antecedentes-, a una multa de 720 euros y a «indemnizaciones a compañías telefónicas y a particulares, que pagó», según su actual letrado.

Por la estafa, el juez la condenó a seis meses de prisión, «pero se le conmutó la pena por una multa de 1.440 euros», ha añadido.

Según su criterio, su clienta  tuvo un «mal asesoramiento» por parte del letrado anterior, que «le aseguró que estaba todo resuelto y ya no tenía que pagar nada».

No obstante, «no era así y Sara recibió el año pasado una notificación de ingreso en prisión en el plazo de cinco días», un hecho que no se ha producido todavía por «estar recurrida la orden».

El letrado reclamó una suspensión de la ejecución de la condena que el Juzgado Penal número 14, encargado de ejecutar la sentencia, denegó «y ahora el caso está recurrido ante la Audiencia Provincial», según el abogado.

Mientras tanto, la mujer, actualmente en paro y separada del padre de sus dos hijas, de 3 años y de dos meses de edad, no se explica esta «tremenda situación», que supone que entre en prisión «nueve años después de aquel error» y cuando su vida «ya está rehecha».

«Mi abogado anterior, que era de pago y en el que confiaba, me dijo que ya no tenía que pagar más y que era libre. Él decía que las notificaciones del Juzgado eran un error cuando el error lo estaba cometiendo él», ha insistido, al tiempo que ha anunciado que va a denunciar «a esta persona por lo que ha hecho».

Sara González, cuya madre ha iniciado una campaña de recogida de firmas «para que la indulten», se ha mostrado hoy «esperanzada y confiada» en que «todo vaya bien», y ha aseverado que resulta «injusto» entrar en la cárcel «tan solo por una multa que sí se ha pagado».

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la mujer «no ha pagado ninguna cuota» de los 1.400 euros de multa conformados, y el Juzgado, tras requerirle «nuevamente» y «en su domicilio, no a través de sus abogados», el pago en junio de 2013, le advirtió que de no hacerlo se revocaría la sustitución de la pena de prisión por multa.

Según las fuentes, a pesar del requerimiento, siguió «sin abonar cuota alguna», y, un mes después, se revocó la sustitución de pena, una decisión judicial que «fue notificada al representante legal de la condenada, no fue recurrida y cobró firmeza».

En octubre de 2013, el Juzgado requirió a la condenada para su ingreso en prisión y, un mes después, la acusada, con nuevo abogado, abonó 2.177 euros y solicitó la suspensión de esta condena, que se le denegó, y se rechazó el pago del dinero por «extemporaneidad».

El pasado septiembre, la condenada solicitó el indulto y pidió la suspensión de ejecución de la pena de prisión a la espera de que el Gobierno se pronunciara al respecto.

El juzgado no le ha suspendido la pena, y ella ha presentado recurso de apelación contra esta decisión, un recurso que ahora resolverá la Audiencia Provincial.

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