El Gobierno limitará el uso de pago en efectivo para evitar el fraude fiscal

Montoro tratará con las comunidades y las corporaciones locales "el redimensionamiento del sector público" y contemplará la posibilidad de fusionar, traspasar o enajenar algunas empresas

| Madrid |

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Santamaría. La portavoz del Gobierno puso el acento en la lucha contra el fraude fiscal - Reuters

06-11-2015

El Gobierno de Rajoy ya ha reiterado en numerosas ocasiones que su política en estos años será “austera”, pero desde el pasado viernes, además de los “recortes”, se habla también de la necesidad de obtener ingresos. A la eminente subida del IRPF y el IBI, el Ejecutivo añadió ayer medidas contra el fraude fiscal como la limitación del pago en efectivo, con las que espera recaudar más de 8.000 millones de euros. La otra novedad de este tercer Consejo de Ministros fue el control de los sueldos en los bancos que hayan sido rescatados, para ver si están “justificados” en el momento actual.

El fraude fiscal será combatido mediante un ambicioso plan centrado, sobre todo, en la lucha contra la economía sumergida y los paraísos fiscales. Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz, Soraya Saénz de Santamaría, explicó que, una vez aprobado, se aplicará la limitación del uso del pago en efectivo en determinadas transacciones económicas para aflorar parte de la economía sumergida de estas operaciones.

El Ejecutivo pondrá en marcha, por tanto, esta medida que ya se aplica en algunos países como Francia e Italia. Para la portavoz, es una manera “muy clarificadora” de detectar dónde se están produciendo las grandes bolsas de fraude.

No será la única. El plan de prevención del fraude fiscal incluirá una larga lista de iniciativas para evitar los incumplimientos tributarios, hacer más eficaz la recaudación y mejorar la colaboración entre las distintas administraciones implicadas en esta labor.

La portavoz dio esas líneas generales y, posteriormente, concretó algunas de las medidas, como el control sobre ciertos sectores ligados a la economía sumergida o la colaboración entre las administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas. En la fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelaras desde el inicio del procedimiento.

Además, el Gobierno pondrá algunas facilidades a los contribuyentes, como la ampliación del plazo para enviar los borradores del IRPF y la posibilidad de subsanar voluntariamente los errores que se hayan cometido en las declaraciones antes de que se abra un procedimiento. “Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude”, indicó la portavoz.

Con todas estas medidas, el Gobierno pretende recaudar 8.171 millones de euros en el 2012, una cantidad que Saénz de Santamaría consideró “muy importante” en estos momentos de crisis. “Lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde”, apuntó.

 Tras explicar el plan contra el fraude fiscal, Soraya Saénz de Santamaría anunció algo muy esperado por varios sectores de la ciudadanía, especialmente después de que estallaran algunos escándalos públicos, como el del sueldo de los directivos de la CAM.

De esta manera, la portavoz informó de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, solicitará a través de una misiva al gobernador del Banco de España un informe sobre los salarios de la cúpula de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas.

Saénz de Santamaría confirmó, además, que el Gobierno exigirá a las entidades financieras realizar provisiones por unos 50.000 millones de euros para ajustar el valor de sus carteras inmobiliarias. En este sentido, avanzó que el titular de Economía detallará las cantidades para cada banco en los próximos consejos de ministros, con el objetivo “clave” de que la reordenación bancaria se materialice en los seis primeros meses del año.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya anunció esta semana que del Consejo de Ministros saldrían nuevas medidas, aunque matizó que no serían de recorte. Así ha sido, y ni siquiera ha habido ajustes en las empresas públicas, un tema sobre el que se había especulado en los últimos días.

El asunto se abordará, sin embargo, dentro de poco, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este mes. Allí, el Gobierno tratará con las comunidades y las corporaciones locales “el redimensionamiento del sector público” y contemplará la posibilidad de fusionar, traspasar o enajenar algunas empresas. Según los datos que maneja el Gobierno, actualmente hay más de 4.000 entidades que dependen de las administraciones públicas.

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