Según ha trascendido, la agencia había recibido información sobre la inminente deportación de este grupo de uigures detenidos en Bangkok. Ante esta situación, ACNUR solicitó reiteradamente acceso a estas personas y garantías por parte de las autoridades tailandesas de que no serían deportados, especialmente considerando que habían manifestado temor a regresar a su lugar de origen. A pesar de estas gestiones, el acceso nunca fue concedido y, cuando se pidieron aclaraciones, el Gobierno Real tailandés aseguró que no se había tomado ninguna decisión sobre su deportación, afirmación que posteriormente se reveló falsa con la consumación de los hechos.
«Esto es una clara violación del principio de no devolución y de las obligaciones del Gobierno Real tailandés según el derecho internacional», ha declarado Ruvendrini Menikdiwela, Alto Comisionado Adjunto para la Protección del ACNUR, manifestando la gravedad con que la organización contempla estos hechos.
El principio de no devolución y su base legal en Tailandia
El derecho fundamental a solicitar asilo y el principio de no devolución están firmemente establecidos en diversos instrumentos jurídicos aplicables a Tailandia. Entre ellos destacan el artículo 13 de la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y Desapariciones Forzadas tailandesa, el artículo 16 de la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN y el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este marco normativo establece claramente la prohibición de retornar a personas a territorios donde podrían enfrentar persecución, tortura u otros tratos inhumanos.
La situación de este grupo de uigures no es nueva para ACNUR, que ha manifestado su preocupación por su detención desde 2014. Durante este tiempo, la agencia ha instado constantemente a las autoridades tailandesas a mejorar las condiciones humanitarias de estas personas, proporcionar alternativas a la detención prolongada y buscar soluciones viables y seguras para su situación.
«ACNUR pide al Gobierno Real tailandés que ponga fin al retorno forzoso de personas desde Tailandia», ha añadido Menikdiwela, subrayando la urgencia de que el país asiático respete sus compromisos internacionales en materia de protección de refugiados y solicitantes de asilo.
Los uigures son una minoría étnica de religión musulmana que habita principalmente en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China. En las últimas décadas, numerosos informes de organizaciones de derechos humanos han documentado persecuciones sistemáticas contra esta comunidad, incluyendo detenciones masivas, vigilancia intensiva, restricciones religiosas y culturales, y presuntos trabajos forzados en los llamados «campos de reeducación».
Esta situación ha provocado que miles de uigures hayan huido de China buscando protección internacional en diversos países. Tailandia, por su ubicación geográfica y como punto de tránsito hacia otros destinos, ha recibido a numerosos solicitantes de asilo uigures que intentan escapar de la persecución. El caso de los aproximadamente 40 uigures deportados refleja un patrón preocupante de devoluciones forzosas que contraviene las normas internacionales de protección. Estas personas permanecieron detenidas durante más de 10 años en condiciones que han sido criticadas por diversas organizaciones de derechos humanos.
Este incidente pone de relieve las deficiencias del sistema de asilo tailandés y plantea serias dudas sobre el compromiso del país con los estándares internacionales de protección. Tailandia no es signataria de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni de su Protocolo de 1967, los principales instrumentos internacionales que regulan la protección de los refugiados. No obstante, el principio de no devolución se considera parte del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados independientemente de su adhesión a tratados específicos. La deportación de estos uigures podría tener consecuencias diplomáticas para Tailandia, especialmente en sus relaciones con organismos internacionales y países comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Además, sienta un precedente negativo para otros solicitantes de asilo y refugiados que se encuentran actualmente en territorio tailandés.
El caso de los uigures deportados tiene implicaciones para otros grupos vulnerables que buscan protección en Tailandia y países vecinos. Entre ellos se encuentran refugiados de Myanmar, incluidos rohingyas y personas que huyen del conflicto tras el golpe militar de 2021, así como disidentes políticos de Vietnam, Camboya y Laos. La deportación de los uigures envía un mensaje preocupante a estos grupos sobre la fragilidad de la protección en Tailandia, lo que podría disuadir a personas perseguidas de buscar asilo en el país o empujarlas a situaciones de mayor vulnerabilidad, como la migración irregular o la explotación por redes de tráfico de personas.
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